Virgilio Mainardi Reyna fue desde muy joven militante antitrujillista. Participó en los alzamientos de los generales Cipriano Bencosme, Piro Estrella, Desiderio Arias y luego en el lanzamiento de los hermanos Perozo, ocurrido en San José de Ocoa, el 24 de mayo de 1932. Los hermanos no lograron salvar la vida, pero Mainardi logró esconderse durante seis meses, hasta que su padre intervino por él y logró que se le permitiera el exilio. Allí permaneció hasta 1961, cuando retornó al país tras la caída de la dictadura y fue designado como gobernador de Santiago, primero, y luego como Superintendente de Bancos. 

En Cuba se diplomó como doctor en Leyes, doctor en Ciencias Políticas, Sociales y Economía y luego en Derecho Diplomático y Consular, ejerciendo la profesión de abogado durante 20 años.  

Desde su regreso asumió una vida política activa, que había comenzado en el exilio como uno de los fundadores del Partido Revolucionario Dominicano. Fue designado por Francisco Caamaño como secretario de Trabajo y más adelante ocupó importantes posiciones en los gobiernos de Antonio Guzmán y Salvador Jorge Blanco.

Es a Virgilio Mainardi Reyna a quien le toca la difícil tarea de revelar el estado de la Superintendencia de Bancos en 1962. De acuerdo con su informe de gestión, la situación política del país afectó sensiblemente las labores de inspección del organismo, que más apegado a las disposiciones del régimen dictatorial que a sus propias leyes, desde 1958, permitió movimientos financieros al margen de la ley a entidades como el Banco Central y el Banco de Reservas.

Para solventar esto, propuso la reestructuración técnica y administrativa de la Superintendencia, que a partir de ese momento quedó articulada con el Banco Central, de que recibiría asesoría, en lugar de la Secretaría de Finanzas. A su vez, la Superintendencia informaría al Banco Central sobre los movimientos bancarios que pudieran tener repercusiones sobre la coyuntura económica nacional.