La “idoneidad” es conceptualizada por la Real Academia Española como la cualidad de idóneo, adecuado o apropiada para algo. Asimismo, y según el derecho canónico, se entiende como la cualidad necesaria para la prestación de un servicio concreto o la asunción de un cargo. 

En términos generales, evaluar la idoneidad en el ámbito societario se considera una buena práctica que tiene como objetivo principal salvaguardar los intereses de la empresa y de todas sus partes interesadas, promoviendo que la toma de decisiones esté alineada, no solo a los objetivos estratégicos de la organización, sino también al cumplimiento del ordenamiento jurídico de cada país. En los mercados regulados las buenas prácticas se convierten en obligaciones cuya inobservancia pudiera generar sanciones. 

Los Principios Básicos para una Supervisión Bancaria Eficaz del Comité de Supervisión Bancaria de Basilea plantean que el organismo competente tome medidas de supervisión apropiadas y eficaces cuando sea necesario, previéndose la capacidad del supervisor  para establecer y hacer cumplir las normas de adecuación e idoneidad de los accionistas, los miembros del consejo, la alta gerencia y personal clave de las entidades de intermediación financiera y cambiaria (EIFyC), así como la facultad de evaluar los niveles de transparencia de las estructuras societarias y las fuentes de su capital. 

En el negocio bancario, la regulación debe promover que los accionistas y directivos sean aptos y estén comprometidos con los intereses de todas las partes, así como con la solidez, estabilidad e integridad del sistema financiero en general. Con esto último se acentúa la importancia de gestionar riesgos, prestando especial atención a aquellos relacionados con el otorgamiento de licencias para operar en determinados sectores, así como la prevención del uso abusivo de los productos y servicios financieros.   

En principio, la evaluación de idoneidad debe sustentarse en una debida diligencia con enfoque basado en riesgos, debiendo asegurarse una correcta adopción e implementación de sanas prácticas de gobierno corporativo.  

En ese mismo orden, en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, la recomendación 26 del estándar del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), sobre la regulación y supervisión de las instituciones financieras, establece que “Las autoridades competentes deben tomar medidas legales o normativas necesarias para prevenir que los criminales y sus cómplices tengan participación significativa o mayoritaria en, o que ostenten una función administrativa en una institución financiera". 

A fines de adoptar ambos estándares, entre otros, la regulación bancaria dominicana contempla lineamientos, criterios y requerimientos mínimos que deben considerar las entidades supervisadas para evaluar la idoneidad de sus accionistas actuales y potenciales, sean personas físicas o jurídicas, miembros del consejo, alta gerencia, personal clave y personal en general. 

Sin perjuicio de las atribuciones de supervisión que confieren las leyes a la Superintendencia de Bancos, es responsabilidad primaria de las entidades determinar si una persona es idónea para desempeñar alguna función sobre una base continua. 

Vemos, pues, que el órgano supervisor goza de las prerrogativas para cuestionar la falta de idoneidad y requerir cambios inmediatos, de ser necesarios.